La que quizá era la única oportunidad de Abdallah Nabil de sobrevivir al cáncer de colon que padece se esfumó el 9 de octubre. A este joven nacido en Gaza hace 24 años se le habían acabado los pañuelos de papel, así que decidió ir a comprarlos y salió del hospital Makassed, en Jerusalén Este —la parte palestina de la ciudad ocupada por Israel—, donde estaba esperando una cirugía para extirparle el tumor. Ya de regreso, cuando estaba ante las puertas del hospital palestino, se topó con “un colono israelí acompañado de unos niños”. El hombre y los críos empezaron a pegarle, relata. La seguridad del hospital llamó entonces a la policía, pero cuando los agentes israelíes llegaron y vieron en su documento de identidad que Nabil era de Gaza, le espetaron “eres un terrorista de Hamás” y lo detuvieron, explica en un modesto hotel de Ramala, en Cisjordania, donde se aloja.
“Les dije a los policías que estaba en el hospital por un cáncer, pero no me dejaron ni recoger mi documentación médica”, se lamenta. Este joven demacrado relata cómo los agentes lo llevaron a una comisaría donde le dieron una paliza que le causó una “hemorragia interna”. Después, lo llevaron a un puesto de control que da acceso a Cisjordania y lo expulsaron. En ese territorio palestino ocupado tuvo que ser ingresado en otro hospital, donde pasó tres días. En Cisjordania, la administración autónoma de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) gestiona la sanidad y la educación, entre otros aspectos.
En Gaza, ya antes de la guerra, solo el hospital de la Amistad Turco-Palestina trataba a pacientes oncológicos, cuando en el enclave viven 2,3 millones de personas. Ahora ese centro es uno de los al menos 25, de un total de 35, según la ONU, inutilizados por los bombardeos en los que han muerto más de 14.800 personas, según las autoridades sanitarias de la Franja. Pero ni siquiera ese hospital tenía medios para tratar casos como el de Nabil.
Desde que se inició el bloqueo de Gaza en 2007, Israel había prohibido la importación a la Franja de máquinas de radioterapia, entre otros equipos, pues considera que se les puede dar un uso militar. De ahí que muchos gazatíes tuvieran que pedir permiso a Israel para salir del territorio y, si lo obtenían, acudir a los hospitales palestinos en Jerusalén Este. El más importante es el Makassed, financiado con fondos palestinos y de países árabes, donde la ANP sufraga el tratamiento de los pacientes de Gaza y Cisjordania, como era el caso de Nabil.
Este joven no fue el único paciente gazatí detenido en Jerusalén después del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre, que causó 1.200 muertos. Según testimonios recogidos por este diario en Ramala, la policía israelí arrestó a otros enfermos o a sus acompañantes en un hotel e incluso en el interior del hospital Makassed. Aseel Abu Rass, portavoz de la ONG Physicians for Human Rights (Médicos por los Derechos Humanos), confirma que unos agentes de ese cuerpo de seguridad llevaron a cabo una “redada” en ese complejo hospitalario el 2 de noviembre.
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A Nisreen, de 39 años, se la llevaron esposada con bridas de plástico, asegura, sentada en un sillón cerca de donde Nabil muestra en su móvil el vídeo de una colonoscopia. Esta palestina no quiere que le hagan fotos ni tampoco dar su apellido. Tiene miedo. Nisreen estaba en el hospital esperando para empezar un tratamiento por secuelas en una rodilla de un cáncer de mama que padeció en 2012. “Eran más o menos las diez de la mañana cuando los policías entraron. Estaban buscando a los gazatíes. Nos detuvieron a nueve mujeres y nos llevaron a la comisaría que está cerca de la calle Salah Eddine de Jerusalén”, relata.
“A la madre de un bebé que estaba ingresado la dejaron que volviera al hospital. A las demás, nos tuvieron 12 horas interrogándonos. A mí no hacían más que preguntarme a qué tipo de tratamiento me estaba sometiendo. Pensaban que nuestra estancia en el hospital era una tapadera”. Al concluir este interrogatorio, prosigue, la policía israelí las llevó al puesto de control de Zeituna y las expulsó a Cisjordania. La Autoridad Nacional Palestina mandó luego un coche a recogerlas, explica Nisreen, y las alojó a su cargo en el mismo hotel donde vive Nabil. En su despacho de Ramala, la ministra de Sanidad palestina, Mai al Kaila, señala que, en otra ocasión, el hospital Makassed se puso en contacto con su ministerio para comunicar que tenían que hacerse cargo de 20 enfermos de Gaza, porque, de lo contrario, “los iban a detener”.
En esos mismos días, Israel arrestó y expulsó a Gaza o a Cisjordania a miles de gazatíes que hasta entonces trabajaban en el país y a quienes la guerra sorprendió fuera de la Franja. Un millar de esos trabajadores arrestados sigue en paradero desconocido. Entre los detenidos, a Physicians for Human Rights le consta al menos la presencia de un niño enfermo y su padre. “Desgraciadamente, no tenemos información sobre si han sido liberados o no”, lamenta la portavoz de la ONG.
El argumento de Israel para arrestar a estos gazatíes es que sus permisos de estancia habían caducado, aseguraba un comunicado de la policía de principios de mes. Las autoridades israelíes sostienen que incluso la parte palestina de Jerusalén forma parte de su territorio. Naciones Unidas considera a Jerusalén Este como un territorio palestino ocupado por Israel. “Cuando asaltó el hospital, la policía no avisó a la dirección de que iban a venir a controlar a esas personas supuestamente en situación irregular”, critica la portavoz de Physicians for Human Rights. “Se limitaron a sellar las puertas de entrada, irrumpir en el hospital y detener violentamente incluso a las ancianas que acompañaban a niños e interrogar al personal sanitario. Es inaceptable”, subraya Abu Rass. Incluso si era cierto que sus permisos habían caducado, “esas personas no tenían a dónde ir”, pues no podían volver a Gaza, recalca. Algunos de los detenidos eran “padres que estaban acompañando a sus hijos enfermos, por lo que los niños se quedaron solos en el hospital”, repite la portavoz.
El trasfondo de estas detenciones para Abu Rass es que “la infraestructura sanitaria palestina es considerada [por Israel] cómplice del sistema terrorista”. Luego recuerda “lo que está pasando con los hospitales de Gaza”. Este contexto que afecta a todos los palestinos es aún peor para los pacientes que vienen de Gaza, a causa del bloqueo de Israel. Los enfermos gazatíes se enfrentan, por un lado, a un sistema sanitario medio desmantelado por los 17 años que dura ese bloqueo, y, por otro, a lo que Abu Rass define como un “infierno burocrático”: el proceso de pedir una autorización a Israel para salir del enclave y tratarse fuera.
Ni los criterios de las autoridades israelíes para aprobar esas solicitudes ni los motivos por los que se deniegan son públicos. Sí se sabe que el principal condicionante es la seguridad. La más remota sospecha de que el enfermo mantiene relación con Hamás basta para que Israel diga no o ni siquiera conteste. Por tener un hermano relacionado con Hamás, enfermas de cáncer de mama, por citar un ejemplo, han muerto a falta del permiso para salir de Gaza. En 2022, según la ONG B’Tselem, Israel denegó 20.000 peticiones de pacientes y acompañantes. La portavoz de Physicians for Human Rights destaca que el bloqueo permite a Israel asegurarse de que la Franja dependa de su ”ayuda como potencia ocupante. Es como si mantuvieran a los gazatíes sumergidos en el agua, pero con la cabeza algo fuera”.
Miedo
La vida de Nisreen no corre peligro. Un caso distinto es Nabil, cuya única posibilidad de curación ahora es operarse en Jordania. Como en Gaza, tampoco los hospitales de Cisjordania tienen medios para tratar casos como el suyo. La ANP se ha ofrecido a pagar el tratamiento en ese país, pero el escollo es el viaje. La ministra Al Kaila explica que muchos gazatíes no pueden viajar al extranjero porque solo disponen de pasaportes palestinos, que no todos los Estados reconocen. Jordania les concede permisos temporales, pero hay que aportar documentos de los que no disponen estos enfermos atrapados en Cisjordania.
Yusef Mohamad, de dos años, llora porque quiere un refresco. El niño tiene hemofilia y también iba a ser tratado en el hospital Makassed. A este niño y su madre no los detuvo la policía israelí. Escaparon por miedo. Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre, grupos de colonos israelíes “rodeaban el hotel” en el que se alojaban en Jerusalén Este y los amenazaban, recuerda la mujer. El 10 de octubre, esta madre escapó con su hijo en un taxi que los llevó a Ramala.
“Al día siguiente, la policía hizo una redada en el hotel y detuvo a 10 mujeres que estaban acompañando a sus hijos con cáncer. Un día después, les permitieron volver al hospital con los niños pero, al día siguiente, fueron otra vez al hospital para expulsarlas”, recalca la madre de Yusef. Otra gazatí que está a su lado lo confirma. Este diario llamó por teléfono a una de esas 10 madres de niños con cáncer detenidas y expulsadas. La mujer declinó hablar.
Abdallah Abutuor, de 33 años, parece un hombre piadoso. Tampoco a él lo detuvo Israel pero, como muchos otros, se refugió en Ramala cuando empezó la guerra en su Gaza natal. Sigue confiando en que el hospital judío Hadassah de Jerusalén —en la parte judía de la ciudad— remita al hospital palestino Makassed los resultados de las pruebas genéticas que desvelen el extraño mal que afecta a dos de sus cinco hijos: las niñas Malak, de 13 años, y Etaf, de cinco.
Malak —“ángel” en árabe— sonríe sin parar mientras se lleva a la boca lo que queda de sus manos, apenas unos muñones. Malak y Etaf nacieron con dedos, pero después “se los comieron”. Las niñas han ido mordiendo y arrancándose poco a poco sus propios dedos. Los brazos de ambas están llenos de cicatrices y heridas de mordiscos.
La automutilación no es su único síntoma. Malak tiene el cuerpo de una niña de ocho años. Sus rasgos carecen de la armonía que acompaña a la infancia: su mandíbula es prominente y los huesos de sus brazos están torcidos. Su padre asegura que los médicos les dijeron que “solo podían tratarlas en Israel o en Alemania”. Él aún confía en que, cuando acabe la guerra, Israel trate a sus hijas.
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