La Fiscalía General de la Nación comunicó que el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay será examinado como un crimen de lesa humanidad, asegurando que el caso no caduque y siga en curso hasta aclarar todas las implicaciones. Esta resolución representa un punto crucial en la investigación, aumentando la seriedad del asunto y situándolo al mismo nivel que otros magnicidios históricos en Colombia.
El asesinato de Uribe Turbay, llevado a cabo en un atentado contra el dirigente político del Centro Democrático, fue considerado por las autoridades judiciales como una agresión organizada con intenciones políticas, y no como un evento aislado. Esta clasificación conlleva que tanto la investigación como las posibles penas legales no estén sujetas a prescripción, garantizando así un monitoreo constante hasta el completo esclarecimiento del delito.
Información sobre los acusados y el progreso del juicio
Hasta el momento, la Fiscalía ha procesado a cuatro de los implicados en el homicidio bajo la figura de homicidio agravado. Entre ellos se encuentra alias “el Costeño”, señalado como el determinador material del ataque; alias “Claro”; alias “Andrea” o “Gabriela”, quien habría entregado el arma al sicario menor de edad; y Cristian Camilo González, conductor de la motocicleta utilizada para escapar tras el atentado. Además, William Fernando González, alias “el Hermano”, fue formalmente señalado por su participación en el ataque.
Dos de los arrestados están siendo acusados adicionalmente de asociación ilícita, debido a la supuesta premeditación del delito. Las sanciones estipuladas para estos actos van de 33 a 50 años de cárcel, mostrando la seriedad de la situación. Las autoridades siguen examinando quién fue el responsable de dar la orden del ataque, mientras que la comunidad colombiana clama por justicia y un completo esclarecimiento.
Crimen de lesa humanidad: definición y alcance en Colombia
En Colombia, se considera crimen de lesa humanidad a una acción sumamente grave realizada como parte de un ataque amplio o sistemático dirigido contra la población civil. Estos actos criminales abarcan asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, deportaciones, desplazamientos forzados, agresiones sexuales y persecuciones por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del cual Colombia es parte, sustenta la definición y establece que estos crímenes no prescriben, permitiendo que los responsables sean investigados y juzgados sin límite de tiempo. La característica fundamental es que los actos sean parte de un patrón planificado y sistemático, dirigido contra civiles, sin importar la existencia de conflictos armados o guerra.
Señales distintivas entre un crimen de lesa humanidad y un homicidio común
Los especialistas señalan tres criterios principales para distinguir un crimen de lesa humanidad:
- Contexto: estos eventos suceden como parte de un ataque generalizado o coordinado en contra de una comunidad civil. No se trata de eventos aislados o accidentales.
- Magnitud: abarcan diversas y serias violaciones, tales como ejecuciones masivas, torturas o desapariciones forzadas, provocando impactos significativos en la sociedad.
- Intención: tienen el objetivo de perjudicar intencionalmente a un determinado grupo, motivados por razones políticas, ideológicas, étnicas, religiosas o de persecución. En el caso de Uribe Turbay, es un ataque directo contra dirigentes y seguidores de un partido político, con la intención de desestabilizar su representación y causar temor entre la comunidad afín.
Aspectos legales y normativos
El hecho de clasificar este asesinato como un crimen de lesa humanidad incrementa su importancia en comparación con otros asesinatos de gran magnitud sucedidos en Colombia, como los de Luis Carlos Galán y Álvaro Gómez Hurtado, cuyos casos legales se prolongaron por muchos años. La Fiscalía resalta que esta clasificación garantiza que las indagaciones sigan vigentes, preservando la demanda de justicia ante la comunidad.
El abogado Víctor Mosquera, quien actúa en nombre de la familia Uribe Turbay, destacó que “esto no fue un incidente aislado, sino un ataque sistemático dirigido a un líder opositor, con consecuencias políticas directas que pretendían impactar a un partido completo”. Esta visión resalta la seriedad del asunto y enfatiza la importancia de clarificar las responsabilidades de todos los involucrados y de quienes ordenaron el crimen.
