La crisis de las personas sin hogar en Estados Unidos continúa escalando, alcanzando cifras históricas que superan los 770.000 afectados en 2024. A pesar de ser la mayor economía del mundo, con un Producto Interno Bruto cercano a los 30 billones de dólares, el país enfrenta dificultades persistentes para garantizar vivienda y asistencia a los ciudadanos más vulnerables. Este fenómeno ha generado un debate intenso sobre las medidas adoptadas por la administración del presidente Donald Trump, quien recientemente anunció políticas que incluyen el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C., el refuerzo policial y la implementación de órdenes ejecutivas que buscan trasladar a las personas sin hogar fuera de las calles.
El mandatario estadounidense justificó las acciones señalando que buscan “liberar” la capital de lo que considera comportamientos desordenados de los sin techo y de la delincuencia. Sin embargo, las autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa Muriel Bowser, calificaron estas medidas de “desconcertantes e improcedentes”, destacando que los delitos violentos en la ciudad han descendido a niveles históricamente bajos en los últimos años, según datos de la Policía Metropolitana de Washington D.C.
Cifras récord y crecimiento sostenido
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ha realizado un censo anual de personas sin techo desde 2007. El último informe de enero de 2024 reveló que 771.480 personas están viviendo en la calle, lo cual representa un incremento del 18% en comparación con el año anterior. Este aumento se ha observado en todas las categorías poblacionales, con un crecimiento especialmente notable del 40% entre las familias con niños, aproximadamente 150.000 menores que carecen de un hogar.
En contraste, el número de veteranos sin hogar ha disminuido en un 8%, reflejando avances en programas específicos para exmilitares. Entre quienes no tienen acceso a albergues, la reducción fue aún mayor, del 11%, hasta sumar 13.851 personas.
El reporte del HUD señala que este aumento se debe a diversos elementos, como la crisis de vivienda a nivel nacional, la finalización de los apoyos federales durante la pandemia, incluyendo las moratorias de desalojo y el Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler, además de la presión demográfica causada por la llegada de migrantes que buscan asilo. Las zonas con un mayor ingreso de migrantes han experimentado un incremento en el número de familias sin hogar, superando por más del doble al registrado en otras regiones del país.
Causas fundamentales de la crisis
Especialistas y entidades centradas en eliminar la carencia de vivienda enfatizan que el problema es complicado, estructural y tiene múltiples factores. Entre las causas principales se encuentran la falta de disponibilidad de viviendas asequibles, la creciente diferencia entre ingresos y precios de alquiler, las limitaciones en el acceso a servicios médicos y sociales, además del racismo y la exclusión sistemática.
De acuerdo con la National Low Income Housing Coalition (NLIHC), un empleado típico que recibe el salario mínimo tendría que laborar 104 horas a la semana para pagar un apartamento de una habitación. En Estados Unidos, se calcula que faltan 7,1 millones de viviendas de alquiler asequibles para personas con ingresos extremadamente bajos, lo que equivale a solo 35 unidades disponibles por cada 100 familias que cumplen con los requisitos.
Además, la ausencia de un sistema de salud pública universal empeora la situación. Tres de cada cuatro adultos se sienten inquietos por no poder asumir costos médicos imprevistos, y un 61% de aquellos sin seguro privado ha demorado obtenerlo debido al costo. Estas restricciones generan pérdida de vivienda, sobre todo entre personas mayores que se vuelven indigentes después de cumplir 50 años.
Nuevas políticas y debate
La directriz emitida por el presidente Trump en julio se centra en penalizar la mendicidad y el desorden público, asociando la mayoría de las situaciones con adicciones o trastornos mentales. Este mandato instruye a la fiscal general a anular ciertos precedentes legales y a fomentar el ingreso involuntario de personas con trastornos mentales que no puedan autogestionarse.
Expertos, como Margot Kushel de la Universidad de California, describen la acción como “demasiado simplificada y engañosa”, mientras la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) alerta sobre peligros de monitoreo, invasión de privacidad y penalización de la pobreza.
Organizaciones de asistencia subrayan que la solución requiere políticas integrales que aborden las causas estructurales: acceso a vivienda asequible, fortalecimiento de servicios sociales y de salud, y medidas de inclusión que reduzcan la marginación. La criminalización de la falta de vivienda, según estos especialistas, no contribuye a crear comunidades más seguras y puede empeorar la situación de quienes ya enfrentan vulnerabilidad extrema.
