El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) avanza en la elaboración de una nueva Ley de Compras y Contrataciones del Estado, cuyo objetivo es modernizar los procesos de adquisiciones públicas, optimizar la gestión del presupuesto y fortalecer la transparencia en el uso de los recursos estatales. La iniciativa será trasladada en septiembre al presidente Bernardo Arévalo para su revisión y, posteriormente, socializada con distintas entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil antes de ser presentada al Congreso de la República para su discusión y aprobación.
Revisión de cantidades y procedimientos
Uno de los principales cambios que plantea la propuesta está relacionado con los techos de contratación. Según el diagnóstico elaborado por el Minfin, los montos actuales han perdido valor real debido a la inflación y al paso del tiempo. Por ejemplo, el límite de cotización establecido en Q900 mil desde 1992 equivale hoy a poco más de Q137 mil. De forma similar, el monto máximo de compras directas, fijado en Q90 mil desde 2009, representa actualmente alrededor de Q48 mil en términos reales.
Para corregir esta desviación, la propuesta incluye aumentar el límite para cotizaciones a Q2 millones y el de compras directas a Q200 mil. Según las autoridades, esta modificación facilitará las adquisiciones para entidades gubernamentales y municipalidades, disminuyendo la burocracia y evitando demoras en la implementación de proyectos y servicios vitales.
Transparencia y control ciudadano
El diseño de la nueva normativa también refuerza los mecanismos de control y supervisión pública. Todas las adquisiciones, independientemente de su monto, deberán registrarse en la plataforma Guatecompras. Asimismo, se mantendrán las licitaciones obligatorias para montos superiores a Q2 millones, asegurando competencia entre proveedores.
La iniciativa también contempla la mejora de la Subasta Electrónica Inversa (SEI), un recurso digital que facilita la obtención de precios más competitivos para productos y servicios estandarizados. Asimismo, se pretende suprimir las cláusulas de confidencialidad en los contratos gubernamentales, con el fin de asegurar el acceso público a los datos y promover la supervisión ciudadana.
El Minfin destaca que la reciente legislación se elabora con asistencia técnica internacional y mediante la comparación de los marcos normativos de naciones como Perú, Colombia, Costa Rica y República Dominicana. Esto busca incluir normas internacionales que posibiliten una mayor eficiencia en la contratación pública y una rendición de cuentas más eficaz.
Complementariedad con otras iniciativas
En paralelo a la reforma de la Ley de Compras y Contrataciones, el Congreso analiza la iniciativa 6576, conocida como Ley para la Agilización de la Inversión Pública. Esta norma, de carácter especial y temporal por un período de tres años, está orientada a la ejecución de proyectos estratégicos en áreas prioritarias como salud, educación, movilidad, seguridad y acceso al agua.
Según el Ministerio de Finanzas, ambas normativas serán complementarias. Mientras la nueva ley de compras modernizará el régimen general de adquisiciones, la iniciativa 6576 permitirá acelerar inversiones específicas mediante mecanismos simplificados, contratación de proveedores internacionales y convenios con organismos como la ONU, la UNOPS o el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos.
Entre sus disposiciones, esta iniciativa establece la obligación para entidades estatales, municipalidades y consejos comunitarios de desarrollo de publicar información detallada sobre proyectos, costos y avances en portales públicos. Asimismo, contempla la creación del Fondo de Ejecución de Inversión Estratégica (Fonives), administrado por el Crédito Hipotecario Nacional, encargado de manejar recursos nacionales e internacionales destinados a proyectos estratégicos.
Un marco renovado para la inversión pública
La construcción de una nueva Ley de Compras y Contrataciones representa un paso clave para adecuar la normativa vigente a las necesidades actuales del Estado. El incremento de los techos de cotización y compras directas, junto con el fortalecimiento de la transparencia, busca equilibrar eficiencia administrativa con rendición de cuentas ciudadana.
Con estas modificaciones, el Ministerio de Finanzas busca establecer un entorno más dinámico, seguro y actual, que facilite a las entidades llevar a cabo proyectos de manera más veloz, asegurando al mismo tiempo la adecuada utilización de los fondos públicos y promoviendo la confianza de la población en los procedimientos de contratación gubernamental.
