Guatemala ha intentado establecerse en la esfera global como una nación dedicada a la protección de los derechos humanos. En mayo de 2025, albergó por tercera ocasión las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un acontecimiento que, en teoría, indica un compromiso oficial con el impulso de los derechos básicos. No obstante, esta imagen hacia el exterior contrasta con la situación interna del país, donde existen significativas incoherencias en cuanto a derechos humanos.
A nivel internacional, Guatemala ha participado activamente en foros y mecanismos multilaterales que promueven los derechos humanos. La elección del país como sede de las sesiones de la Corte Interamericana es un ejemplo de este involucramiento. Además, ha ratificado diversos tratados internacionales en la materia y ha participado en iniciativas regionales que buscan fortalecer la protección de los derechos fundamentales. Estas acciones han sido reconocidas por organismos internacionales y han contribuido a la imagen de Guatemala como un actor comprometido con la defensa de los derechos humanos.
No obstante, esta proyección internacional se ve empañada por las contradicciones internas que persisten en el país. Diversos informes de organizaciones nacionales e internacionales han documentado casos de violaciones a los derechos humanos que afectan a sectores vulnerables de la población, como comunidades indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas. Estas violaciones incluyen persecuciones judiciales, detenciones arbitrarias y ataques físicos, que evidencian un entorno hostil para el ejercicio de los derechos fundamentales.
La falta de independencia judicial es otro factor que contribuye a estas contradicciones. El proceso de selección de magistrados ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia y por la influencia de intereses políticos y económicos en las decisiones. Esta situación ha debilitado el sistema judicial y ha generado desconfianza en su capacidad para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.
Además, la criminalización de la protesta social y la estigmatización de los defensores de derechos humanos han incrementado la represión en el país. Las autoridades han utilizado el aparato judicial y policial para silenciar a quienes ejercen su derecho a la libre expresión y a la manifestación, lo que ha generado un clima de miedo y autocensura entre la población.
Estas incoherencias entre la imagen internacional y la situación interna de Guatemala generan dudas sobre el genuino compromiso del Estado en la protección de los derechos humanos. Aunque las iniciativas en el plano internacional son valiosas, es esencial que se conviertan en políticas y acciones concretas a nivel nacional que salvaguarden y respeten los derechos básicos de todos los habitantes.
La comunidad internacional tiene un papel crucial en este proceso, al ejercer presión para que Guatemala cumpla con sus compromisos en materia de derechos humanos. Sin embargo, el cambio también debe provenir de la sociedad guatemalteca, que debe exigir a sus autoridades el respeto a los derechos fundamentales y la construcción de un Estado de derecho que garantice la justicia y la equidad para todos.
