El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala ha respondido a las afirmaciones que asociaban al país con el concepto de «tercer país seguro» en el contexto de un reciente pacto con Estados Unidos. Según el canciller, dicho acuerdo no significa que Guatemala deba proporcionar asilo o refugio directo a migrantes detenidos en suelo estadounidense. El convenio, destacó, se enfoca en mecanismos de cooperación migratoria bajo ciertas condiciones humanitarias y considerando las capacidades del país.
El anuncio se emitió después de que se revelara que Guatemala suscribió un memorando de entendimiento con Estados Unidos, comprometiéndose a acoger a algunos migrantes clasificados como especialmente vulnerables. Sin embargo, las autoridades guatemaltecas subrayaron claramente que este acuerdo no implica asumir responsabilidades comparables a las de un país que, de manera formal, funciona como un receptor adicional de personas que procuran asilo en EE. UU.
El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala afirmó que esta colaboración busca ofrecer apoyo temporal a grupos específicos, tales como mujeres gestantes, menores no acompañados, individuos con enfermedades críticas o víctimas de tráfico humano. Según el gobierno, es una medida específica con un enfoque humanitario, realizada en total cooperación con entidades internacionales como ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Además, se mencionó que los migrantes que eventualmente arriben a Guatemala bajo este programa no se quedarán de manera permanente, sino que estarán sujetos a mecanismos de atención y protección que incluyan opciones como la reunificación familiar, la reubicación en otros países o el retorno asistido. En consecuencia, la medida no pretende crear un sistema de refugio permanente, ni asignarle a Guatemala la función de ser el destino final para quienes pidan asilo en Estados Unidos.
Desde Cancillería se insistió en que el país no cuenta con la infraestructura ni los recursos para asumir una carga migratoria de gran escala, y que cualquier iniciativa de este tipo será evaluada dentro del respeto a la soberanía nacional, la capacidad institucional y los tratados internacionales vigentes. El gobierno afirmó que el acuerdo responde más bien a una lógica de cooperación técnica y humanitaria, no a un rediseño de su política migratoria.
El asunto ha provocado opiniones opuestas dentro de la nación. Distintos grupos sociales han manifestado preocupación ante la chance de que se implementen modelos usados en otras naciones del área, que han sido compelidas a recibir migrantes bajo políticas migratorias restrictivas impulsadas por Estados Unidos. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han solicitado más claridad sobre los términos del convenio, y han alertado sobre los peligros de criminalización, falta de protección y saturación en refugios si no se asegura un cuidado apropiado.
En contraste, los funcionarios de Guatemala subrayaron la importancia de sostener una comunicación continua con Estados Unidos en temas migratorios, considerando la cantidad significativa de compatriotas que buscan arribar a esa nación anualmente, y la relevancia estratégica de las remesas para la economía del país. Enfatizaron que cualquier iniciativa de colaboración necesitará soporte técnico y financiero, junto con la asistencia de agencias internacionales especializadas.
El gobierno anunció también la creación de una mesa interinstitucional para dar seguimiento a la implementación del acuerdo, así como para coordinar la atención de los migrantes que eventualmente ingresen al país bajo esta modalidad. Se prevé que dicha instancia esté integrada por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Gobernación, Salud y Bienestar Social, junto con organismos de cooperación internacional y representantes de sociedad civil.
En este marco, Guatemala reafirma su respeto hacia los derechos humanos y su compromiso con una migración segura y ordenada, mientras fija límites claros respecto a sus responsabilidades en acuerdos internacionales, procurando evitar la imposición de convertirse en receptor principal de solicitudes de asilo que no pertenecen a su jurisdicción original.
